Digno del Alcalde de Los Simpsons (o de esos políticos que se reúnen con Michael Corleone al comienzo de «El Padrino 2»), Pedro Sabat no cesa en sus actos de matonaje político. A la agresión que sufrió el documentalista Jaime Díaz Lavanchy por parte del equipo de Sabat (hecho que denunciamos acá), ahora se suma un extraño hecho por supuesta toma de la junta de vecinos de la Villa Olimpica en Ñuñoa.

En una movida legal, auspiciada por la fiscal Patricia Villablanca Meneses (quien ya había sido denunciada por el Movimiento Integración Liberación Homosexual al comenzar un juicio en contra de una protesta pacifica que ‘ el MOVILH realizó en la sede de la UDI tiempo atrás)’ Sabat denunció al documentalista, quien ahora esta en extraños problemas legales y necesita de nuestra ayuda.

Lee la carta a continuación:

Estimados cineastas y documentalistas,

El próximo lunes 24 tengo que ir a declarar a la PDI por denuncia que Pedro Sabat ha presentado en mi contra y necesito urgentemente de todo el apoyo posible, porque ni siquiera tengo abogado y me siento amenazado por poderes verdaderamente siniestros. Todo se hizo en silencio y por eso no estoy preparado para defenderme. El relato que sigue tiene un tono judicial porque es casi el mismo que le envié a un abogado joven para pedir orientaciones de emergencia.

Probablemente se habrán enterado por la prensa respecto de la agresión de la que fui víctima en el Concejo Municipal de Ñuñoa el 5 de mayo, por parte de matones y guardias del municipio y mientras yo grababa un documental sobre la devastada Villa Olímpica, que es mi barrio además. Naturalmente puse denuncia ante carabineros el mismo día, dado que incluso la cámara fue dañada y el trípode robado. Días después, en conferencia de prensa, recibí el apoyo de tres premios nacionales de periodismo y de todos los gremios del cine chileno, quienes me apoyaron por la brutalidad de la agresión y por que se consideró un atentado grave a la libertad de expresión.

Pero el miércoles pasado fui a la Fiscalía metropolitana oriente y me encontré con una desagradable sorpresa. Pedro Sabat puso una denuncia en mi contra por supuesta toma de mi Junta de Vecinos y desordenes públicos ocurridos el día 19 de marzo. Se hacen parte de la denuncia Sergio Gutierrez, Director de Desarrollo Comunitario y Perla Seguel encargada de Organizaciones Sociales. Debo decirles además, que después del 5 de mayo, el Alcalde Sabat puso durante semanas una declaración pública injuriosa en la web municipal y que sigue hostilizandome permanentemente. Además he sido agredido y amenazado más de una vez antes del 5 de mayo, cosa que fue denunciada por Televisión Nacional de Chile en Noticiero Central del 6 de mayo.

Por otro lado, el miércoles supe también que la fiscal Patricia Villablanca Meneses ya cerró la causa por la agresión en el consejo municipal aplicando “principio de oportunidad”, algo que varios abogados consideran insólito. La fiscal desestimó mi denuncia a pesar de que la agresión era de dominio público, sin pedir ninguna diligencia y sin notifcarme en absoluto. Ni siquiera se me citó a declarar para entregar más antecedentes respecto del agresor principal, que estaba identificado, ni de otras personas que participaron en la agresión en mi contra y que yo manifesté que “de momento” no podía identificar.

Me llama mucho la atención la celeridad con que la fiscal Villablanca cerró la denuncia (sólo 10 días) donde yo era la víctima y mantuvo abierta la del 19 de marzo, donde la víctima es Pedro Sabat y el denunciado soy yo. Más irregular todavía me parece que la misma fiscal haya instruido a la PDI para que investigara los hechos que se me imputan, solicitando tomar declaraciones sólo a los denunciantes. Esto me lo notificó un subcomisario de la PDI que se presentó en mi casa el pasado día jueves.

Respecto de los delitos que yo habría cometido el 19 de marzo les cuento lo siguiente. Ese día lo que hicimos como “Asamblea de Vecinos” (organización comunitaria funcional de la que formo parte) fue entrar pacíficamente al patio de la Junta de Vecinos, para pedir por quinta vez a la directiva de la Junta que abriera el libro de registro de socios y nos dejara hacer uso de las dependencias de la sede social, garantizando de este modo el cumplimiento de la ley de Juntas de Vecinos. La secretaria se negó nuevamente a abrir el libro de registro de socios y se produjeron discusiones con los funcionarios municipales Sergio Gutiérrez (quien me insultó y maltrató mi cámara) y Perla Seguel, puesto que actuaron a favor de la Junta de Vecinos cosa que viola las ordenanzas municipales y la ley de Juntas de vecinos. Según la ley, los funcionarios municipales no pueden interferir en asunto internos de una Junta de Vecinos y menos los funcionarios mencionados, cuyos cargos los obligan a promover la participación ciudadana.

En fin, cuando llegó carabineros (llamados por los municipales) nostros nos estábamos retirando por nuestra propia voluntad y sin haber cometido el más mínimo acto de violencia. Después de dialogar con carabineros, ellos mismos nos sugirieron poner una denuncia en contra de la Junta de Vecinos, cosa que hizo en ese mismo instante la vecina Antonieta Uribe.

De todo lo anterior hay registro audiovisual que clarifica la situación y demuestra que las hostilidades vinieron unilateralmente por parte de funcionarios municipales. También hay testigos dispuestos a
declarar que nunca hubo toma ni desalojo, por parte de carabineros, cosas que asevera el señor Alcalde en su denuncia.
Además, al día siguiente la misma vecina Uribe mandó un email al Alcalde, con copia a los concejales, explicando la situación y aclarado que nuestra única intención era hacer valer nuestros derechos según la ley de Juntas de Vecinos. Al respecto hay que precisar que tanto la señora Uribe como otros de los presentes, estaban pidiendo usar la sede social respaldados por su calidad de socios de la misma Junta de Vecinos.

También hay que decir, que el día 10 de marzo, 9 días antes de los hechos de que se me acusa, yo mismo dejé constancia ante carabineros de la negativa a abrir los libros de registros de socios y demás violaciones a la ley de Juntas de Vecinos. Por supuesto, el Alcalde siempre ha manejado toda esta información. Como verán, todo indica que me va a perseguir sistemáticamente para amedrentarme e impedir que termine mi documental y si puede me va a meter a la cárcel donde por los delitos imputados podría pasar al menos 60 días.

Jaime Díaz Lavanchy
Autor de “La revolución de los pinguinos”.
7279703
89044872