Por Matias Goyenechea
La salud en Chile se entiende como un “bien transable”, esto tiene como consecuencia que existe un mercado de la salud, por lo demás imperfecto, que genera la instalación del lucro como eje de la política sanitaria e introduce mecanismos perversos como la selección de riesgo que utilizan las Isapres.
Sin embargo en los medios hay un cómplice silencio frente a esto. No es difícil encontrar en la prensa escrita de nuestro país, un sin número de páginas que buscan denunciar lo mala que es la salud pública de Chile, pero es muy difícil poder encontrar algo que nos muestre lo que sucede en las clínicas privadas o en las Isapres, pareciese que en estas instituciones no sucede nada malo o simplemente nos las muestran como sinónimo de eficiencia en salud. Pues bien, la realidad dista mucho de ser esta, que nos quieren hacer creer en los medios de comunicación escritos.
Clínicas y el AUGE
Con la aprobación de la reforma que se conoció con el nombre de “plan AUGE” durante el gobierno de Ricardo Lagos, se generó una serie de beneficios para aquellos pacientes que estuviesen dentro de las patologías que el AUGE cubre. Concretamente a aquellos pacientes que se les diagnostica un problema AUGE el Estado tiene la obligación de garantizar acceso a tratamiento y apoyo financiero. ‘ La ley, en su artículo 24, establece que “los prestadores de salud deberán informar, tanto a los beneficiarios y beneficiarias de la Ley N’º 18.469 como de la Ley N’º 18.933, que tienen derecho a las Garantías Explícitas en Salud otorgadas por el Régimen”. ‘ Esto es algo que no se ha cumplido en todos los casos, y especialmente en las clínicas privadas. La consecuencia de tal incumplimiento es que se genera un impacto económico negativo para todos aquellos que no fueron notificados que estaban dentro del AUGE.
En la Superintendencia de Salud se realizan anualmente fiscalizaciones sobre esta materia desde el año 2008, cuyos resultados son alarmantes. En un informe de fiscalización para casos AUGE con riesgo vital, realizado a 14 clínicas privadas de la región metropolitana con fecha de 20 de enero de 2011, nos encontramos con los siguientes resultados: sólo dos clínicas tienen un cumplimiento satisfactorio de la normativa, es decir un 15%. Otras dos clínicas cumplen, pero requieren realizar mejoras (también un 15%). Por último, un 69%, es decir nueve clínicas, no cumplen derechamente con la normativa.
Esto se replica en el resto de país, incluso con resultados más escandalosos, tanto en los casos donde los pacientes son hospitalizados, como en las atenciones ambulatorias. En el año 2008 sólo un 5% de las clínicas informaban a los pacientes sus derechos como beneficiarios del AUGE.
La salud privada hoy crece aceleradamente y con el respaldo del gobierno de Piñera, quien lanzó el llamado bono AUGE que licita el diagnóstico y tratamiento de los pacientes de FONASA a las clínicas, es claramente una forma de entregar mayores utilidades a las clínicas dado que no existe una visión sanitaria integral de cómo resolver los problemas de la salud pública ().
Isapres y la Discriminación por Edad y Género
Las Isapres son instituciones privadas que captan las cotizaciones de los trabajadores para salud, con el fin de otorgar servicios ‘ de financiamiento para las prestaciones de salud del 16% de la población en Chile.
Recurrentemente las Isapres realizan una persistente discriminación a sus afiliados en términos de género, es decir a las mujeres entre 15 y 49 años, y por edad, ‘ o sea a los mayores de 60 años. Las Isapres generan importantes barreras de acceso ‘ a través de mayores precios y restricciones al uso de ciertos servicios.
Recientemente el Tribunal Constitucional, en una importante sentencia, declaró inconstitucional los numerales de la tabla de factores de riesgo (mecanismos por el cual se calcula la prima de los afiliados a las Isapres) ‘ que generan discriminación por género y edad. Esto implica que el gobierno debe generar una nueva normativa que reglamente a las Isapres. Sin embargo el gobierno de Piñera no ha enviado ni un solo proyecto de ley que regularice esta situación y al parecer no tiene interés por hacerlo aun, generando una perpetuación de este lamentable mecanismo discriminatorio.
Hoy, para lograr que las Isapres no suban los planes de salud, el afiliado afectado debe recurrir a la justicia lo cual implica tiempo y dinero con los que no siempre se cuentan, provocando que existan mayores irregularidades en el sistema de Isapres. Una posibilidad de enfrentar esto es lograr realizar una demanda colectiva por parte de los principales afectados que pongan en jaque a las Isapres como también al gobierno, y le obligue a generar una ley corta de Isapres que regule esta indeseable situación.
Salud como un Derecho
Hoy se debe luchar por que la salud sea un derecho inalienable de todo ser humano, y no un bien transable en el mercado, esta definición de la salud entendida como un derecho proviene ni más ni menos que de la Organización Mundial de la Salud, organismo que desde muchos años denuncia las desigualdades presentes en los sistemas de salud en el mundo. Chile necesita una reforma estructural de la salud, pero esta reforma debe tener como pilar fundamental reponer el concepto de la igualdad y la solidaridad y no las soluciones del mercado que agravan aun más la situación de desigualdad existente en Chile.